CLARA INTENCIÓN DE ROMPER LOS TEJIDOS SOCIALES Y EL PODER ORGANIZATIVO EN EL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA.
En Colombia, cada dos días en promedio ocurre el asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos, líder o lideresa étnico-territorial o defensores de los derechos de los pueblos.
Cali 10 de junio 2025
La asociación Nomadesc y la Universidad Intercultural de los pueblos (UIP), han advertido desde hace varios meses al Estado Colombiano en sus diferentes instancias acerca del deterioro de la situación del conflicto armado en Colombia, la crisis humanitaria y el total irrespeto a los Derechos Humanos y al DIH en el sur occidente de Colombia. Con preocupación hemos convocado a la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia, al Ministerio de la Igualdad, Ministerio del Interior y organismos de investigación del Estado Colombiano como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo a que realicen diagnósticos realistas de la situación que permitan establecer las causas reales de la exacerbación de la guerra en Colombia, sus verdaderos responsables y las alianzas entre grupos armados legales e ilegales.
Lo ocurrido desde las diez de la noche del día 9 de junio de 2025 hasta las 9:00 de la mañana del día 10 de junio de 2025 en el sur occidente de Colombia y Pacífico se suma al estado de miedo y zozobra impuesto en la región para imponer actividades de narcotráfico, minería ilegal que ha generado desplazamiento forzado, confinamiento, reactivación de fronteras invisibles, extorsiones, robos, desapariciones forzadas, asesinatos, y un alto incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otras prácticas denunciadas, afectando principalmente los derechos étnico territoriales de comunidades indígenas, negras y campesinas tanto urbanas como rurales.
Lamentamos que los atentados sucedidos hayan dejado 36 personas heridas, entre ellas tres menores de edad y cinco personas fallecidas[1]. Estos actos terroristas no son una cadena de hechos aislados a la realidad denunciada en los últimos años, por el contrario, tienen la clara intención de poner de manifiesto el poder de desestabilización del grupo armado que alega ser el autor de las veinticuatro acciones simultáneas sucedidas en los Municipios de Buenaventura, Jamundí, Villa Rica, Palmira, Corinto, Caloto, Buenos Aires y Cali. Más allá de si se trata del aniversario de alias Mayimbu, o de sabotear la presencia del presidente Gustavo Petro, quien acompañará la concentración por la Paz y la Democracia el miércoles 11 de junio en la Plazoleta San Francisco. (Ver comunicados)[2]
Hemos hecho énfasis en la urgente necesidad de no seguir insistiendo en procesos de paz express, que no atienden las sentidas necesidades de las comunidades, pueblos y sectores sociales. Insistimos en procesos de recuperación de la confianza en las instituciones civiles, que expresen su capacidad de gobernabilidad mediante la atención integral a las crisis humanitarias que se viven actualmente en los municipios afectados por desplazamiento y confinamiento de sus comunidades.
El Terror Programado viene acompañado de una Impunidad Planificada, con empoderamiento de sus autores intelectuales y en algunos casos también los materiales. Expedientes extraviados como en los Casos de las víctimas del Paro Cívico de Buenaventura, imputaciones irrelevantes, sin medidas de aseguramiento, a autores de crímenes de lesa humanidad o testigos y víctimas amenazadas como los casos de los jóvenes asesinados o jovencitas abusadas sexualmente en los paros de 2017 (Buenaventura y Chocó), 2019 (Nacional con utilización de mecanismos de Pánico Colectivo), 2021(Nacional con el mayor número de víctimas en Cali).
Insistimos en que la impunidad y falta de cumplimiento a compromisos y acuerdos de Estado, léase: Paro Cívico de Buenaventura; las Sentencias de la Corte Constitucional T462A, T550, las directivas 04, y 05; los acuerdos post- estallido Social 2021; entre otros muchos sin cumplir en la región, dejan desprotegidos a quienes valientemente protagonizaron largas e intensas jornadas de participación movilización y protesta en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, los dos de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque.
La alta complejidad del conflicto armado que vive Colombia afecta de manera directa las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. Entre el 2.024 y lo que va corrido del 2.025, 63 líderes y lideresas sociales de 8 organizaciones de base que hacen parte de la UIP fueron amenazados de muerte. Cuatro de ellos fueron asesinados.
Las llamadas “disidencias de las Farc” que, según los comunicados con sus firmas e insignias, que se vienen difundiendo desde hace dos semanas, serían las autoras de los atentados de los días 9 y 10 junio, así como de la intimidación, amenaza a líderes sociales y defensores de derechos humanos, reclutamiento masivo y forzado de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y la cooptación por medio de promesas económicas. La circulación de recursos para mejoramiento de vivienda, promesas de “empleo” mediante contratación y pago de salario a quienes incorporan a sus filas de manera forzada. La promesa de trabajo es una trampa y una estrategia al estilo de los 6.402 casos de jóvenes víctimas de crímenes de Estado, mal llamados Falsos Positivos.
El dominio de estos grupos sobre el territorio y la vida cotidiana rompe con todos los principios del DIH. La población civil se ha convertido en un permanente escudo humano, sus propiedades son ocupadas ya que los miembros de estos grupos pernoctan en las casas de la comunidad, aumentado las cifras de abuso sexual violento, contra mujeres, NNJA de comunidades negras, indígenas y campesinas.
“En Colombia, Naciones Unidas ha verificado más de 1.000 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes para el conflicto armado ocurridos desde 2019. Además, ha identificado un preocupante aumento de este delito en los últimos años, con un incremento crítico en 2023, cuando el número de casos se duplicó en comparación con 2022. Durante 2024 esta tendencia al alza se mantuvo.”[3]
La propuesta de “paz total” no ha logrado minimizar las prácticas genocidas en contra de los liderazgos sociales. El despojo territorial y el desplazamiento masivo continúa en ascenso. “La Defensoría del Pueblo alertó al inicio de 2.025 sobre 209 eventos de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento, siendo los departamentos de Cauca, Nariño y Caquetá los más afectados.” [4] Las bases de datos registran 505 familias (1.139 personas) en Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Entre enero y marzo de 2025, se reportaron más de 121.000 personas desplazadas forzosamente, tanto en eventos masivos como individuales. La situación en el Catatumbo (Norte de Santander) ha sido particularmente preocupante, con un aumento significativo del número de desplazados.
El confinamiento se convirtió en una de las agresiones más graves al impedir a las personas salir de su comunidad o recibir a sus familiares y amigos, las restricciones de movilidad y acceso victimizaron a por lo menos 71.000 personas desde enero a la fecha. La falta de atención humanitaria y de respuesta a las necesidades de las poblaciones afectadas ha exacerbado la situación. El conflicto armado y la apropiación ilegal de las tierras por parte de los grupos armados afecta la supervivencia, dignidad humana y soberanía de los pueblos étnicos.
Con anterioridad a la crisis humanitaria en el Catatumbo, la cual lamentamos profundamente y sobre la cual nos hemos pronunciado, las organizaciones sociales, territoriales, defensoras de derechos humanos del sur occidente y pacifico, alertando al gobierno nacional el escalamiento del conflicto armado por las acciones de guerra del Clan del Golfo y/o AGC y Estado Mayor Central de las FARC. Estos grupos fortalecieron su capacidad militar con graves consecuencias humanitarias para las comunidades negras, campesinas e indígenas.
Sin embargo, las misiones de verificación de hechos cometidos por estos grupos e incluso acciones cometidas por el Ejército Nacional no han contado con funcionarios públicos con capacidad para la toma de decisiones, lo cual deja en estado total de desprotección a la población civil.
Es urgente activar los mecanismos de protección individual y colectiva que permitan a los y las defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en los territorios contar con las mínimas garantías para ejercer su labor. La paz territorial no será realidad sin un compromiso permanente por la presencia de las instituciones civiles del Estado que han sido negadas históricamente a los pueblos del suroccidente colombiano y el fortalecimiento de las formas de gobierno propio.
[1] ver: https://www.infobae.com/colombia/2025/06/10/atentados-valle-y-cauca-fundacion-valle-del-lili-alerto-sobreocupacion-de-urgencias-del-300-y-revelo-estado-de-21-heridos/
[2] El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, confirmó que, según análisis de inteligencia militar, los responsables son “las estructuras residuales de las disidencias de las Farc, las Jaime Martínez, la Carlos Patiño y la Dagoberto Ramos”, todas del del bloque comandado por alias “Iván Mordisco”.
[3] https://www.unicef.org/colombia/historias/dia-de-las-manos-rojas-2025
[4] Defensoría del Pueblo. Boletín sobre dinámicas de movilidad humana forzada en Colombia 2024.