Pese a las alertas tempranas de la Defensoría del pueblo, el gobierno de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ no atendió las solicitudes de actuación para proteger la vida de los pobladores.
El Proceso de Comunidades Negras PCN, La Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM y las Organizaciones defensoras de Derechos Humanos Nomadesc y Movice Capítulo Valle, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los graves hechos en los cuales fueron asesinados 7 pobladores del territorio ancestral consejo comunitario Cerro Teta, Vereda Munchique, Municipio de Buenos Aires ubicado al Norte del Departamento del Cauca.
Los Hechos
Aproximadamente a la 1 pm, de hoy domingo 20 septiembre, ocurrió una nueva masacre en Colombia. Esta vez los hechos se presentaron en la Vereda Munchique, municipio de Buenos Aires, Cauca. Se habla de 7 personas: seis adultos y un menor asesinados. Hasta el momento están identificados Juan Manuel Mancilla, William Ibarra, Juan Camilo Salinas, Jarrison Balanta, Kevin Caicedo, Víctor Caicedo y Jhon Barrado Juanillo. Se reportan además varios heridos de gravedad.
Pese a las múltiples solicitudes efectuadas por las organizaciones étnicas territoriales del Norte del Cauca y de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Colombiano hizo caso omiso de generar las acciones necesarias de prevención y protección.
Desde ASOM, Clemencia Carabalí, Premio Nacional de Derechos Humanos ha expresado “es urgente que se le diga a la comunidad y al país ¿Quién Responde por estos hechos? ¿Quién Protege a las Comunidades y a los jóvenes en el Norte del Cauca? Y así mismo solicita a los organismos internacionales pronunciarse de manera rápida para encontrar respuestas de prevención y protección a la vida e inminente riesgo de desplazamiento forzado de las comunidades que se encuentran totalmente desprotegidas ante la sistemática amenaza y control de los grupos armados.
Antecedentes:
Mediante la Alerta Temprana de inminencia con cobertura Nacional N°018-20 emitida el 30 de abril de 2020 por la Defensoría del Pueblo, se reporta la masacre de 3 personas en Munchique el pasado 26 de abril de 2020.
El día 8 de mayo de 2020, la Defensoría del Pueblo por medio de alerta temprana N° 019-20, manifestó:
“La presente Alerta Temprana tiene como propósito advertir los riesgos de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de los pobladores del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, de conformidad con el monitoreo y análisis que realiza la Defensoría del Pueblo respecto de los factores de amenaza, vulnerabilidad y capacidades institucionales y sociales que los sustentan. El municipio de Buenos Aires hace parte de los trece (13) municipios que conforman la subregión del Norte del Cauca. Es una zona que tiene conexión con la dinámica social, económica y cultural con el sur de Valle, especialmente con Jamundí, vía los Farallones, y hacia el occidente con Buenaventura y López de Micay por el sector del Naya. En este territorio confluyen varios factores de amenaza y vulnerabilidad que pueden constituirse en riesgos para la población civil: 1. Es un corredor de movilidad para grupos armados ilegales y para el narcotráfico. 2. Hay una marcada presencia de nuevos grupos armados ilegales que estarían copando los espacios dejados por las extintas FARC-EP, expandiéndose y consolidándose en el territorio. 3. Se registra un crecimiento de los cultivos de uso ilícito en sectores donde antes no se registraba, sometiendo la supervivencia de las comunidades a esta economía ilegal.4. Intereses de obtención de rentas provenientes de la explotación ilícita de recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas y metales como el oro.
La Alerta temprana además de describir las graves violaciones a los derechos étnico territoriales de las comunidades negras e indígenas, recomendaba acciones de carácter inmediato al gobierno en las diferentes instancias del ejecutivo que nunca fueron acatadas.
El pasado 14 de julio ante el Sistema de Naciones Unidas – ONU, En la sesión dedicada a la situación en Colombia, realizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se confirmó el estado de violencia permanente contra las comunidades negras y líderes indígenas, El jefe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó al Consejo de Seguridad del organismo el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación.
En su oportunidad, la lideresa social colombiana Clemencia Carabalí Rodallega, representante de la Asociación de Mujeres ASOM en la Norte del Cauca, presentó un panorama desalentador sobre las comunidades en el país, además exhortó a que se cumpla el Acuerdo de Paz.
«Todos los días despertamos con la noticia del asesinato de una persona negra o indígena, que una guardia indígena o cimarrona ha sido amenazada. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinadas 686 personas firmantes del acuerdo, líderes y defensores», expresó Carabalí. «Quienes sufrimos las consecuencias de la confrontación armada somos la población civil, comunidades étnicas, jóvenes, niñas y mujeres. Como mujeres comprometidas con la paz y resistentes a la violencia en nuestros territorios y cuerpos, valoramos el respaldo comunidad internacional», agregó la lideresa social.
«Pido al Consejo de Seguridad de la ONU y la comunidad internacional que anime a los actores armados que operan en nuestros territorios a pactar un Acuerdo Humanitario», concluyó Carabalí.
Solicitamos:
- Adelantar todas las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias y responsables de la masacre de siete pobladores de la Vereda Munchique del Municipio de Buenos Aires, sucedida el día de hoy, 20 septiembre de 2020.
- Realizar todas las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios públicos que omitieron el deber de generar acciones de prevención y protección de las comunidades, tal y como fue solicitado de manera reiterada por las comunidades y la Defensoría del Pueblo.
- Emprender acciones de manera inmediata para cumplir con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en su Alertas Tempranas No. 018-20 de inminencia, del día 30 de Abril de 2020 y N° 019-20, del día 8 de mayo de 2020.
- Protección inmediata de los derechos a la vida; integridad, libertad y seguridad de las comunidades y los líderes y lideresas y defensores de los derechos étnico territoriales amenazados en el Norte del Cauca.
- Respeto, protección a los territorios, autonomía, cultura, usos y costumbres propias de las comunidades negras y pueblos indígenas.
- A los organismos multilaterales de Naciones Unidas, OEA y OIT, realizar acompañamiento debido a las comunidades negras y pueblos indígenas en razón a sus mandatos y realizar una visita in situ a la zona.
- El Norte del Cauca es una de las zonas más militarizadas de la región; es por ello que solicitamos que las medidas por parte del Gobierno Nacional – que anuncian única y exclusivamente la militarización de los territorios siendo inconvenientes y generando mayor vulnerabilidad a las comunidades – se tornen en presencia estatal que manifieste a través de medidas integrales superar entre otras, la inequidad social, los conflictos socio ambientales, la explotación irracional de los recursos naturales y el despojo sistemático al que han sido sometidos.
- Solicitamos a los medios de comunicación, específicamente al periodista Diego Bonilla de Semana Noticias, corregir la información que ha emitido el día de hoy 20 de septiembre a través del canal de noticias de SemanaTV[1]. El periodista al hacer referencia del territorio donde ocurrió la masacre afirma que está habitada por comunidades cocaleras y expresa luego que: «esa zona… desde Santander de Quilichao hasta Buenos Aires Cauca… usted ve toda la cordillera, toda la montaña y todo son cultivos de hojas de coca» lo cual no es real, además de desconocer los procesos de poblamiento ancestral de las comunidades negras que se han dedicado a la agricultura y minería artesanal, estas afirmaciones aumentan los señalamientos y estigmatización y siguen poniendo en riesgo la vida de los pobladores del municipio.
Solicitamos dirigir comunicaciones a:
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
CONSEJERA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES.
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá.
Fax. 5662071 www.presidencia.gov.co
CARLOS HOLMES TRUJILLO MINISTRO DE DEFENSA
Cr 54 26-25 Can Colombia, Bogotá́́
Tel: (57) (1) 3150111 www.mindefensa.gov.co
ALICIA ARANGO
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Carrera 9. No. 14-10, D.C.-Bogotá́́- Colombia
Sur América PBX: 57+(1) 444 31 00 – www.correo.minjusticia.gov.co Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Conmutador: 57(1) 570 20 00 – 57(1) 414 90 00
CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS DEFENSOR DE PUEBLO
Dirección: Cra. 9 No 16- 21- Bogotá
Teléfono PBX: (57) (1) 314 73 00
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C.,
Con copia a:
JULIETTE DE RIVERO
OACNUDH OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
PAULO ABRÃO – SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
MICHELLE BACHELET JERIA
ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
LUIS ALMAGRO- SECRETARIO GENERAL
[1] https://www.youtube.com/watch?v=TM0jT0Ndmj8&feature=youtu.be