BUENAVENTURA UN TERRITORIO COLECTIVO QUE VENCIÓ EL MIEDO, NUEVAMENTE BAJO LA AMENAZA DE LOS VIOLENTOS Y DE INTERESES ECONÓMICOS PODEROSOS- Organizaciones sociales que participaron en la Misión nacional e internacional de verificación in situ S.O.S. Buenaventura

BUENAVENTURA

UN TERRITORIO COLECTIVO QUE VENCIÓ EL MIEDO,

NUEVAMENTE BAJO LA AMENAZA DE LOS VIOLENTOS Y DE INTERESES ECONÓMICOS PODEROSOS

Organizaciones sociales que participaron en la Misión nacional e internacional de verificación in situ S.O.S. Buenaventura.[1]

 Colombia – 28 de febrero 2.021

Entre el 22 y 23 de febrero, se realizó la Misión Nacional e Internacional de verificación in situ en Buenaventura, coordinada por organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y Brigadas Internacionales de Paz, en la cual participaron delegados y delegadas de las misiones diplomáticas de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Francia, Alemania, Suecia e Irlanda, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a representantes de la Misión II de verificación de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales OXFAM, ACT Iglesia Sueca, Paz con Dignidad, Abogados Sin Fronteras – Canadá y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Redher.

La Misión, luego de sostener una reunión de contexto general coordinada por Naciones Unidas conoció de primera mano los relatos de lideresas y líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, urbanos y rurales, lideres juveniles, mujeres y representantes de organizaciones de víctimas y pescadores, entre otros integrantes de organizaciones locales y delegados étnico y territoriales, representantes del movimiento social Paro Cívico para Vivir con Dignidad y en Paz en Buenaventura; en los cuales se evidenciaron diferentes factores del conflicto social, económico y armado. Así mismo, los delegados nacionales e internacionales visitaron las comunas uno, tres y seis y se entrevistaron con pobladores de la comuna siete, que son en la actualidad las comunas más afectadas por el conflicto. La parte diplomática de la Misión sostuvo reuniones con el Alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, la Brigada Fluvial de la Infantería de la Marina y los Obispos de Buenaventura Rubén Darío Jaramillo y Monseñor Darío de Jesús Monsalve Obispo de Cali.

La Misión logró verificar que uno de los riesgos más altos para la población es el reclutamiento de menores y el sometimiento de la población de niños, niñas y jóvenes a la vinculación a estructuras armadas foráneas. Durante el recorrido fueron entregados relatos con precisión de detalles de hechos de violencia armada, violaciones a los derechos humanos y afectación del territorio, que se presentan en las comunas urbanas y en los territorios rurales (Bajo San Juan, Bajo Naya, Anchicayá, Yurumangui, Cajambre y cuencas de Ríos Calima y Raposo), seguidos de actos de intimidación, prohibición de denuncia y censura, agravadas por la impunidad. Que las investigaciones efectuadas por parte de los organismos de control del Estado como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación no avanzan en esclarecer quiénes han sido los determinadores y beneficiarios históricos del conflicto armado en Buenaventura, motivo por el cual no existen garantías de no repetición.

Durante la visita se conocieron denuncias sobre casos que han sido presentados a los organismos de investigación del Estado y a la Fuerza Pública entre las que se encuentran desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales cometidas por estructuras paramilitares toleradas por cuerpos de seguridad del Estado, homicidios intencionales por organizaciones armadas ilegales, reclutamiento forzado de menores, detenciones arbitrarias, amenazas, torturas, robo de víveres, atracos en alta mar y ríos, despojo y desplazamiento forzado, ataques a población civil, disparos a residencias, extorsión en lugares de comercio y a compradores de bienes de consumo básico; crímenes que han generado desplazamientos interurbanos e intermunicipales y el confinamiento de poblaciones; sumado a la ampliación del cultivo de hoja de coca patrocinado por personas ajenas a la región, instalación de laboratorios para el procesamiento de cocaína, minería legal e ilegal, dragado de ríos y esteros, y despojo de territorios colectivos.

Los relatos comunitarios manifiestan su preocupación por la intención de reducir la situación actual, el enfrentamiento entre dos bandas, los llamados “Shotas” y “Espartanos”. Pues según los testimonios esta noción deja de lado factores históricos de racismo estructural, pobreza, marginamiento, exclusión e intereses económicos por la gran riqueza natural, biodiversa y geoestratégica de Buenaventura. Por esto, se profundizó sobre los responsables de prácticas genocidas[2] y se recibieron testimonios de cómo fue superado el terror y el silencio de las comunidades por medio de ejercicios de participación masiva como La Marcha para Enterrar la Violencia en Buenaventura 2014[3]; El Paro Cívico 2017[4] y El S.O.S. Buenaventura 2.020[5].

De igual manera, las organizaciones presentaron propuestas para superar la crisis humanitaria, el estado de cosas inconstitucionales, la injusticia social y la impunidad en crímenes de lesa humanidad, entre las que se encuentra el cumplimiento integral a los acuerdos firmados por el Estado colombiano y el Paro Cívico para Vivir en Paz y con Dignidad en Buenaventura el 6 de junio de 2017 y ratificados mediante el decreto 1402 del 24 de agosto de 2017; decreto 766 del 7 de mayo del 2018 y la ley 1872 del 18 de diciembre del 2017; el esclarecimiento y búsqueda de los casos de personas desaparecidas y el cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional Autos 005 y 004 de 2009.

En relación con las estructuras armadas se recibieron testimonios y evidencias que dan cuenta de la permanencia de estructuras paramilitares y grupos armados organizados vinculados a estas estructuras[6], la connivencia y tolerancia de la Policía y la Infantería de Marina con las mismas, y la presencia armada de las disidencias de las FARC y el ELN denunciadas por violaciones al DIH. Durante las reuniones fue reiterada la mención sobre los factores históricos en el ámbito político y económico que determinan la violencia en Buenaventura, la noción de desarrollo basada en el negocio de la expansión portuaria y megaproyectos asociados que amenazan la vida social y comunitaria, la identidad cultural, la autonomía territorial, los recursos naturales y los territorios ganados al mar.

Fue muy importante recibir los testimonios del ciclo de violencia histórico que se mantiene desde finales de los años 90, que dan cuenta que al proceso de modernización a favor del comercio de mercancías y el libre comercio[7], le preceden ataques a la vida y el despojo de territorios teniendo como objetivo destruir las relaciones sociales, culturales y el ejercicio de participación ciudadana. Las masacres en las cuencas de los ríos, seguidas de ataques a zonas pobladas rurales que ocasionaron desplazamientos forzados hacia el casco urbano, la comisión de masacres previas a la ampliación vial, masacres en las afueras de la ciudad, paramilitarización de las comunas y confinamiento de las comunidades, pérdida de arraigo cultural y territorial seguida de obras de transformación de la ciudad y de ordenamiento territorial; sumado a la aplicación de métodos de terror en zonas urbanas como las casas de pique, desapariciones forzadas masivas y asesinatos selectivos de jóvenes, que producen la desterritorialización dentro de la ciudad, el miedo permanente y el paso del despojo individual al de zonas amplias de interés o aprovechamiento de las comunidades.

En medio del abandono estatal a las políticas sociales y la concentración de presencia institucional mediante acciones militares y de favorecimiento de inversión portuaria, fue esperanzador encontrarse con estrategias organizativas que han logrado fortalecer la participación activa del pueblo Bonaverense, el diálogo y presentación de propuestas y soluciones estructurales aún en medio de la persecución y el riesgo permanente.

La confluencia de expresiones organizativas, juveniles, artísticas, culturales y étnicas para la construcción de una agenda de cambio derivada del Paro Cívico para vivir con dignidad y en paz en el Territorio compuesta por 270 organizaciones territoriales dan cuenta de una apuesta seria basada en las necesidades de las comunidades, pueblos y sectores étnico territoriales, que cuentan con expertos de las mismas comunidades que conocen las afectaciones y han diseñado las propuestas de solución a corto, mediano y largo plazo. El acuerdo firmado con el gobierno nacional[8] proyecta cambios estructurales como el ordenamiento jurídico del territorio, la inversión urgente para el acceso al agua potable, la ciudadela hospitalaria, la infraestructura educativa y oportunidades de empleo en condiciones dignas. A su vez se plantea por medio de la Mesa de Acceso a la justicia superar la impunidad histórica, lograr garantías de no repetición y desarrollar una política de paz y derechos humanos con enfoque territorial, étnico y de género.

Igualmente, se resalta el respeto por el mandato popular entregado a la actual administración distrital elegida mediante un ejercicio democrático que se fortalece como respuesta a un ciclo de alcaldes vinculados a diferentes delitos en contra de la administración pública. Buscando en la misma medida poner en funcionamiento el plan estratégico de acciones e inversiones y el fondo originado en las negociaciones del Paro Cívico como medidas que buscan detener el racismo histórico y el genocidio para desaparecer el pueblo de Buenaventura.

Como organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y de los pueblos solicitamos a la comunidad internacional que participó de la Misión, haga un llamado al Estado colombiano exigiendo el cumplimiento de las cláusulas e instrumentos de derechos humanos y mantengan un seguimiento permanente de la situación. La crisis humanitaria en Buenaventura requiere de acciones urgentes y propuestas de superación de la violencia por medio del cumplimiento a los acuerdos firmados por el Estado colombiano.

Las organizaciones firmantes nos declaramos en permanente solidaridad y acompañamiento con las comunidades de Buenaventura y en consecuencia seguiremos impulsando las acciones humanitarias y de participación de las comunidades en defensa integral de sus derechos.

Firman:

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y ACCION SOCIAL NOMADESC

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS

CONGRESOS DE LOS PUEBLOS

COMITÉ INTERORGANIZACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS GANADOS AL MAR

COMITÉ DE PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

SINTRAUNICOL NACIONAL

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN

CORPORACIÓN CENTRO DE PASTORAL AFROCOLOMBIANA – CEPAC

COMITÉ DEL AGUA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ISLA DE LA PAZ

ASOCIACION DE MUJERES Y HOMBRES DE TRIANA

COMITÉ DE MUJERES CORTERAS DE LA CAÑA

MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO -CAPÍTULO VALLE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS SAN LORENZO – ASOAGROS – CNA

FUNDACIÓN GUAGUA

SINTRAUNICOL CALI

FUNDACIÓN TRANSFORMANDO MENTES

CORPORACIÓN MEMORIA Y PAZ CORMEPAZ

COMISIÓN INTERÉTNICA DE LA VERDAD DE LA REGIÓN PACÍFICO

MEDIOS LIBRES CALI

ASOCIACIÓN RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS – dhColombia

OBSERVATORIO DE REALIDADES SOCIALES DE LA ARQUIDIOCESIS DE CALI

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA – ACIN

COORDINACIÓN NACIONAL AGRARIO – CNA

ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA – ACA

CORPORACIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO ARLEQUIN Y LOS JUGLARES

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES – REGIONAL VALLE DEL CAUCA

UNIÓN DE CIUDADANÍAS DE COLOMBIA – SECCIONAL CALI

AGENCIA DE PRENSA ANÁLISIS URBANO

CORPORACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO SOCIAL – CORPADES

PAZ CON DIGNIDAD

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA – REDHER

OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS – WOLA

UNISON NORTHERN

[1] Convocatoria a la misión S.O.S BUENAVENTURA: https://twitter.com/Nomadesc/status/1363853115695509506/photo/1

[2] La eliminación sistemática y desaparición forzada de miles de pobladores pertenecientes a las comunidades negras e indígenas desde la década de los 90 perpetradas por los Bloques Calima, Farallones y Pacifico de las AUC y la imposición de prácticas crueles, inhumanas y degradantes como las llamadas “casas de pique” desde el 2010 hasta el 2016, perpetradas por grupos paramilitares que se hicieron llamar, “La Empresa”, “La Local”, “Los Urabeños”, “Los Nuevos Urabeños”, “Los verdaderos urabeños”, “Las Autodefensas Gaitanistas”, “El clan del Golfo”; entre otros, que impusieron el terror y el silencio en las tres últimas décadas.

[3] Ver Video: Misión Permanente por la Vida en Buenaventura – 19 de febrero de 2014: https://www.youtube.com/watch?v=rHM6_9AUR_8&t=30s

[4] Ver Documental: El Pueblo que cambió su historia en 22 días: https://www.youtube.com/watch?v=Dp6sZafohLw

[5] El S.O.S. Buenaventura iniciativa de las organizaciones sociales y la comisión de paz del congreso luego del atentado contra la Alcaldía de Buenaventura el 1 de agosto del año 2.020. Convocatoria Twitteratón #BuenaventuraDigna: https://www.facebook.com/AsociacionNomadesc/photos/a.1048005185241798/4154778354564450/ Pronunciamiento Internacional sobre los hechos. https://www.facebook.com/AsociacionNomadesc/videos/726803018166819

[6] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/buenaventura-14-anos-de-violencia/

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Buenventura-un-puerto-sin-comunidad.pdf

[7] Actualmente Colombia cuenta con 17 Tratados incluyen acuerdos de libre comercio y acuerdos de alcance parcial. Por lo menos el 67% de las importaciones y exportaciones que cubren estos tratados entran o salen por Buenaventura: Canadá (2011); Estados Unidos (2012), México (2011), Triángulo del Norte (2010), Costa Rica; Panamá; CAN (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú); Unión Europea (27 países); Países del Efta (Suiza, Noruega; Irlanda, Liechtenstein (2011); Corea (2014); Japón, China; Turquía (2018); Australia (2018) e Israel (2.020). Los principales productos exportados se encuentran combustibles minerales, frutas y frutos comestibles, café, té, yerba mate, especias, grasas y aceites animales o vegetables, plantas vivas y productos de la floricultura preparaciones alimenticias diversas, azucares y artículos de confitería, fundición hierro y acero plástico y sus manufacturas, minerales metalíferos, escorias y cenizas, pescados, crustáceos y moluscos. Así mismo los TLC incluyen acuerdos en materia de educación, salud, infraestructura y empleo.

[8] Acuerdo firmado entre el Comité de Paro Cívico y el Gobierno Nacional: https://www.comite-civico.org/documentos/d3d9446802a44259755d38e6d163e820.pdf

Decreto 1402 del 2017: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83245#:~:text=Que%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20en,que%20los%20afectan%20y%20en

Ley 1872 del 2017: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201872%20DEL%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf

Decreto 766 del 2018: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86302#:~:text=Por%20el%20cual%20se%20crea,por%20la%20Salvaci%C3%B3n%20y%20Dignidad

 

 

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