Amnistía Internacional presentó en 2025 un informe que vuelve a encender las alarmas sobre la persistente impunidad en Colombia. El documento analiza el impacto que ha tenido la intervención de la Justicia Penal Militar en casos de violaciones de derechos humanos, revelando cómo este sistema ha contribuido a dilatar, desviar o incluso impedir que los responsables sean investigados y juzgados adecuadamente.

A pesar de que numerosos casos han llegado a altas instancias como la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las prácticas que favorecen la impunidad continúan repitiéndose. Las víctimas, una vez más, se enfrentan a un camino lleno de obstáculos, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en que la justicia ordinaria debe asumir plenamente estos procesos para garantizar verdad, justicia y reparación.

El informe de 2025 se convierte así en un nuevo llamado urgente a revisar las estructuras que permiten estas fallas, recordando que la impunidad no solo perpetúa el dolor de quienes han sufrido, sino que abre la puerta para que las violaciones se sigan presentando en el país.