Más de 1.200 personas quedaron sin hogar tras el desalojo de familias afrodescendientes víctimas del conflicto armado en Brisas de las Torres.
Alrededor de 390 familias afrodescendientes fueron desalojadas el pasado 22 de julio del asentamiento Brisas de las Torres, ubicado en el sector Pizamos I, corregimiento de Navarro, en Cali. El operativo fue ejecutado con la participación de aproximadamente 600 integrantes de la fuerza pública y cerca de 200 funcionarios de la Alcaldía de Cali. De acuerdo con una misión de verificación realizada por la Asociación Nomadesc, junto con lideresas y líderes de la comunidad, el procedimiento estuvo marcado por el uso desproporcionado de la fuerza, actos de intimidación y agresiones físicas y verbales contra población en condición de especial vulnerabilidad, entre ella niños, niñas, personas adultas mayores y mujeres embarazadas. Mientras el operativo avanzaba, maquinaria pesada demolía las viviendas construidas por las familias.
El desalojo dejó a más de 1.200 personas sin un lugar donde vivir y provocó la pérdida total de las viviendas y de los bienes que representaban el patrimonio construido por estas familias durante años. Las personas afectadas denunciaron, además, que la administración distrital incumplió los compromisos asumidos previamente y las medidas ordenadas por un juez, relacionadas con la garantía del derecho a una vivienda digna, la entrega de subsidios de arrendamiento y la protección efectiva de sus derechos fundamentales. Entre los hechos más graves registrados durante el procedimiento se encuentran las agresiones contra personas adultas mayores y la pérdida de un bebé, un hecho que la comunidad relaciona con las afectaciones sufridas por su madre durante el operativo.
Estos acontecimientos han profundizado la revictimización de una población que ya había sido desplazada por el conflicto armado y que, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia colombiana, es reconocida como sujeto de especial protección.
Las organizaciones acompañantes insistieron en la necesidad de que las autoridades investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el desalojo y adopten medidas urgentes de atención, reparación y protección para las familias afectadas.
