El pasado 31 de julio, una comisión integrada por delegados de la Procuraduría General de la Nación, tanto del nivel nacional como regional, junto con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, se desplazó hasta el asentamiento Brisas de las Torres, ubicado en el corregimiento de Navarro, con el propósito de verificar de primera mano la situación humanitaria que enfrentan más de 1,200 personas cuyas viviendas fueron destruidas durante el operativo de desalojo ordenado por la Alcaldía de Santiago de Cali.
Durante la visita, la comisión recorrió el asentamiento en compañía de líderes y habitantes de la comunidad, quienes expusieron las graves dificultades que enfrentan desde el desalojo. Las familias relataron las precarias condiciones en las que sobreviven, sin un lugar adecuado para dormir, con dificultades para acceder a alimentos y sin garantías de seguridad en el mismo espacio del que fueron desalojadas.
Los representantes de las entidades también conocieron de primera mano las denuncias sobre las múltiples agresiones que, según la comunidad, ocurrieron durante el operativo. Entre los hechos más dolorosos documentados se encuentra la muerte de un bebé, un acontecimiento que los habitantes atribuyen a las consecuencias del desalojo y a las condiciones de vulnerabilidad que este generó para las familias afectadas.