BUENAVENTURA ATRAPADA POR UN DESARROLLO QUE GENERA VIOLENCIA.
Dos años después de la monumental marcha para ENTERRAR LA VIOLENCIA EN BUENAVENTURA Y VIVIR CON DIGNIDAD, el pueblo sale nuevamente a las calles para denunciar el incumplimiento del presidente Juan Manuel Santos y su gabinete de ministros. Los acuerdos pactados directamente por el presidente de Colombia a raíz de la marcha del 19 de febrero del año 2014, han sido incumplidos totalmente y los problemas sociales de las comunidades se incrementan, mientras la infraestructura portuaria se toma la ciudad y continua despojando a las comunidades que ancestralmente habitan en los territorios ganados al mar.
Recordemos que más de treinta mil personas se movilizaron en Buenaventura y como resultado de la Movilización el presidente Juan Manuel Santos acompañado del entonces ministro de la defensa Juan Carlos Pinzón, hoy embajador en los Estados Unidos, visitaron la ciudad portuaria el 8 de marzo de 2014 y se comprometieron a atender las necesidades urgentes de Buenaventura. Entre ellas, frenar el despojo y el desplazamiento producto de la crueldad y violencia implementada, superar la impunidad, consultar a la población sobre los grandes megaproyectos y atender los problemas sociales más sentidos de la Población como el derecho al agua y la salud.
Mientras los problemas sociales se agudizan y la violencia deja nuevas víctimas en Buenaventura, los proyectos de expansión portuaria continúan pasando por encima incluso de las ordenes de la Corte Constitucional y las recomendaciones de organismos internacionales como ONU, CIDH y OIT.
El caso mas reciente se viene presentando desde el pasado 4 de febrero en el Barrio San José en el cual se adelantan obras del Megaproyecto Malecón Bahía de la Cruz, en un claro desacato a la sentencia T550. Que de manera expresa ordena consulta previa, libre e informada.
Esperamos seguir sumando voluntades en defensa de los derechos étnico territoriales de las población de Buenaventura y del Pacifico Colombiano patrimonio biodiverso de los colombianos explotado por grandes consorcios internacionales.