Diciembre 11 de 2015
Santiago de Cali – Colombia
Conmemoración día Internacional de los Derechos Humanos
Diciembre 11 de 2015
Santiago de Cali – Colombia
DECLARACION DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS DEL VALLE DEL CAUCA
Las organizaciones defensoras de derechos humanos del Valle del Cauca, al conmemorar el día internacional de derechos humanos queremos animar y felicitar la labor de todos nuestros colegas en el mundo por su compromiso, dedicación y en muchos casos valentía al enfrentar los retos que demanda la defensa de la vida, la naturaleza, la armonía y el bienestar de la humanidad. El modelo de desarrollo y seguridad global continúa generando daños irreparables a la humanidad. Los conflictos sociales, armados, ambientales y las guerras de baja, media y alta intensidad se imponen por encima de tratados, acuerdos, convenios internos e internacionales, obligando a los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo a asumir nuevos desafíos en la búsqueda de la paz, la justicia y la equidad.
Las políticas económicas, sociales y de seguridad se ciernen sobre los pueblos como la mayor amenaza de la época. A nivel de herramientas jurídicas, pedagógicas y de difusión de los derechos fundamentales, la humanidad ha hecho muchos avances, sin embargo aun los esfuerzos no son suficientes para obligar a los Estados a que atiendan las justas demandas de los pueblos. Por ello al conmemorar hoy 67 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que insistir en la imperiosa necesidad de exigir a los Estados cumplimiento a los pactos y convenios que han firmado y ratificado e impulsar y respaldar nuevos mecanismos internacionales vinculantes que permitan proteger la vida, la libertad, la dignidad humana, el medio ambiente y la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo.
Al lado de la declaración Universal surgieron otras herramientas como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas. En el 2016 se celebraran 50 años de su proclama. Sin embargo aun existen vacíos en las normas internacionales sobre la amenaza global del cambio climático provocado por las políticas económicas de grandes potencias y corporaciones mundiales. La normatividad internacional en materia ambiental aun es muy tenue, mientras que los conflictos relacionados con un modelo de desarrollo injusto e incoherente, inundan el planeta. La conciencia ética de la humanidad clama por que las luchas de los pueblos sean escuchadas y en consecuencia se sancione ejemplarmente a quienes trasgredan, incumplan o violen los derechos de los pueblos.
Los datos esgrimidos a propósito de las recientes denuncias sobre el cambio climático en las cuales Colombia ocupa el penoso segundo lugar en conflictos ambientales en territorios rurales y urbanos en el mundo y el primer lugar en América Latina, ligados al despojo y pobreza de la población, prenden una alarma sobre un aspecto vital para la sobrevivencia planetaria. Colombia transita hoy por escenarios complejos en la implementación del modelo de desarrollo que requieren atención. Hablar de los conflictos ambientales y minero- energéticos en medio de la coyuntura de paz, es hablar del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, cuyo slogan es TODOS POR UN NUEVO PAÍS: Un país para la inversión extranjera y el extractivismo; un país que de manera acelerada abre las puertas a 19 Tratados de Libre Comercio, privatiza la educación y la salud y re-ordena el territorio y concesiona el 70% del mismo sin ningún respeto a los derechos territoriales de los pueblos originarios. Un nuevo país que no contempla la participación y la consulta para los 48,2 millones de colombianos que exigen inclusión y justicia social.
Las violaciones a la vida, la libertad y la cultura de los pueblos están relacionadas de manera directa con los planes de ordenamiento territorial urbanos y rurales y los megaproyectos. Los modelos regionales y locales impactan la realidad de millones de personas vulnerables y vulneradas, la mayoría de ellas re-victimizadas a causa de la violencia histórica y estructural y que se deben enfrentar a los Tratados de Libre Comercio, la Alianza Pacifico, el Master Plan – Buenaventura 2014 – 2050, y los planes de desarrollo urbano en la ciudad de Cali, impactan territorios indígenas, afrocolombianos, campesinos y urbanos.
¿Tiene entonces que ver el cambio climático y los conflictos ambientales con los derechos humanos y la paz? ¿A caso el modelo de despojo hace parte de una herramienta más de exterminio de los pobres, más no de la pobreza, inequidad, desigualdad y exclusión?. Este es un asunto que debe hacer parte de los debates aplazados dentro de una propuesta de paz duradera, estable, transformadora e incluyente.
En Colombia el 80% de la tierra esta en manos del 10% de los propietarios. En el departamento del Valle del Cauca el 80% de la tierra esta en manos del 11.5% de los propietarios, y en Antioquia el 80% de la tierra esta en manos del 11% de los propietarios. Este alto grado de concentración de tierras se presenta, en general, en todos los departamentos y regiones del país.[1] El control de la tierra en pocas manos, los monocultivos, las grandes concesiones de exploración y explotación minero energética, sumado en la actualidad a los conflictos ambientales son parte de una historia que se repite de manera constante en Colombia.
Debatir sobre el Modelo de Desarrollo, es debatir sobre las causas estructurales del conflicto colombiano. Pero también es poner en la coyuntura los temas del manejo y del uso de la tierra en la región. Las consecuencias sociales, políticas y económicas, deben ser tenidas en cuenta a la hora de buscar salidas negociadas al conflicto. En Colombia no se puede omitir que las luchas sociales han sido objeto de persecución histórica, y que la sociedad en su conjunto ha sido afectada por hechos de barbarie y crímenes atroces que han generado zozobra y terror en la sociedad.
Al conmemorar 67 años de la declaración Universal de los derechos humanos, es pertinente recordar que 20 años antes de la declaración, más de mil trabajadores colombianos que trabajaban para UNITED FRUIT COMPANY fueron asesinados en Urabá. “Se puede decir que la masacre de las bananeras no fue solo un episodio aislado en la historia política y económica del país, sino la concreción de un “modelo de negocios” que se ha mantenido hasta el presente”[2]Mientras estos lamentables hechos ocurrían en Urabá en 1928, en Barrancabermeja eran privados de la libertad masivamente los trabajadores de la TROPICAL OIL COMPANY y simultáneamente los obreros de la Industria de la caña de azúcar eran sometidos a la esclavitud en los Ingenios azucareros en el Valle del cauca.[3]
Mas adelante, en 1948, el mismo año que se firmara la declaración de Naciones Unidas, se desata la llamada violencia política en Colombia cuyo origen estructural radicó en la pobreza, desigualdad económica y falta de oportunidades – sociales, políticas y económicas. Desde entonces las cifras cuentan que el conflicto social y armado en Colombia ha dejado, 350.000 víctimas mortales; 5.195.620 desplazados y desplazadas; 10 millones de hectareas de tierras despojadas; 50.000 desaparecidos y desaparecidas; 15.000 personas torturadas.
Es por ello que hablar de los avances del proceso de paz en Colombia, implica hacer una mirada más allá de los logros que se hallan obtenido en la mesa de negociación de la Habana que cumple tres años de haber sido instalada. Si bien las organizaciones defensoras de los derechos humanos del valle del Cauca hemos insistido a los negociadores de la Habana que no se paren de la mesa hasta tanto no exista la firma del acuerdo, es de vital importancia comprender que para llegar al post-conflicto en Colombia, hay que recorrer otros caminos, con largas distancias y la participación de todos y todas.
La paz en Colombia requiere propuestas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo: es urgente la prevención de nuevos crímenes y detenciones arbitrarias contra lideres, indígenas, (FELICIANO ) sociales; (13 JOVENES DE BOGOTA) la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC y la iniciación de los diálogos con el ELN; a mediano plazo: incorporación procesos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; validación de los acuerdos por parte de la sociedad civil y la incorporación de las propuestas que las victimas, familiares de victimas, comunidades, pueblos y sectores sociales organizados han elaborado durante largos años de guerra interna en Colombia; y a largo plazo: Transformaciones estructurales a nivel social, político y económico.
Se requiere mayores niveles de participación de las comunidades, pueblos y sectores. Se necesita analizar, evaluar y dar salida a los Conflictos Inter-étnicos; Se requiere desamordazar la voz de las victimas, fortaleciendo el ejercicio de memoria histórica que se desarrolla en todo el país, pero sobretodo superando la cifra de 97% de impunidad que subsiste en violaciones a los derechos humanos. Generar acciones de prevención de nuevos hechos que atenten contra la seguridad y libertad y que protejan la vida e integridad de los lideres de los sectores sociales amenazados y perseguidos.
Los casos de los defensores de derechos humanos, reclamantes de restitución de tierras, ambientalistas y lideres de los diferentes sectores asesinados o detenidos arbitrariamente requieren atención prioritaria, resultados oportunos de las investigaciones y un compromiso directo del Estado colombiano de no perseguir, ni permitir que se persiga a las comunidades por razón de su labor como defensores de derechos humanos, opiniones publicas, y/o creencias políticas.
Las cifras de asesinatos y detenciones arbitrarias contra lideres sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos durante el año 2015 son alarmantes. Según Naciones Unidas “69 defensores de derechos humanos y líderes políticos o comunales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2015. Por su parte el Programa no gubernamental somos defensores estableció que en el año 2014 fueron asesinados en el país 55 defensores de derechos humanos. «Durante el 2014, en promedio cada siete días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia y cada día fueron agredidos dos defensores».[4]
El tema de la superación de la Impunidad en medio del proceso de paz, así como la inclusión de aspectos como el Modelo de Desarrollo y el Modelo de Seguridad no es un capricho de unos pocos como el Estado Colombiano lo ha querido manifestar. Estos temas son resultado del debate sobre la paz de importantes sectores urbanos y rurales afectados por megaproyectos mineros, energéticos, planes de ordenamiento territorial y privatización.
Debatir sobre el Modelo de Desarrollo, es debatir sobre las consecuencias que genera en materia de violación al derecho a la participación, destrucción de la naturaleza, desplazamientos masivos, trasgresiones a las estructuras sociales y culturales de las comunidades, contaminación de suelos y control de las fuentes de agua, incrementa la dependencia económica, e intensifica el conflicto armado. Las consecuencias sociales, políticas y económicas, deben ser tenidas en cuenta a la hora de buscar salidas negociadas al conflicto a nivel local, regional y nacional.
Un proceso de Paz en Colombia que tenga efectos positivos y duraderos debe encontrar salidas a la crisis de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Debe dar respuesta de porque Colombia se encuentra en el segundo puesto entre las Naciones en el mundo con más conflictos ecológicos después de la India. Y responder a los trabajadores públicos del sector educativo, salud y servicios públicos; porque el gobierno implementa un plan de choque para privatizar las pocas entidades publicas que hoy quedan en Colombia.
Este modelo global y nacional se ve reflejado en el Valle del Cauca en los planes de ordenamiento territorial, las mega obras y las políticas de privatización que afectan a miles de personas, valga citar los casos del Hospital Departamental del Valle, el Hospital de Cartago, del Hospital de Palmira, Las Empresas Publicas de Cali, EMCALI EICE, la Universidad del Valle y El SENA. El valle del Cauca es hoy protagonista de profundos conflictos sociales y económicos generados por la aplicación del modelo de desarrollo. Tan solo en la ciudad de Santiago de Cali existen de manera visible 12 conflictos urbanos (ORQUIDEAS, JARILLON, LADERA, EL ARBOL, CENTRO, LA PAZ, CALVARIO, LLANO VERDE, POTRERO GRANDE, BRISAS DE COMUNEROS, COLONIA NARIÑENSE) que violan derechos fundamentales de los pobladores más pobres y vulnerables de la ciudad que se encuentran ubicados – en su mayoría -en asentamientos urbanos.[5] De la misma manera las zonas rurales de Cali como Pance, Golondrinas, la Buitrera, la Reforma, El Carmelo, entre otras que vienen siendo impactadas por el Modelo.
En Buenaventura el puerto más importante sobre el Pacifico Colombiano avanzan los grandes proyectos de ampliación portuaria y desarrollo turístico tales como la Alianza Pacifico, el Master Plan Buenaventura 2014 – 20150 y los 19 Tratados de Libre Comercio mientras la población sufre la aplicación de los métodos más crueles, inhumanos y degradantes que la humanidad halla conocido. La violencia en Buenaventura y la acción sistemática de terror contra los territorios ganados al mar ha generado desplazamiento forzado inter-urbano, inter-municipal e inter-departamental y varios casos de exilio que afectan la vida, la libertad y las dinámicas socio culturales de quienes aun en medio del dolor resisten los impactos de la nueva infraestructura portuaria.
En el Centro y Norte del Valle las comunidades campesinas lideran proyectos agroecológicos, se encuentran en proceso de resistencia porque la agencia nacional de Hidrocarburos y Gases de occidente se encuentra en desarrollo de del proyecto de prospección sísmica y pretende pasar por sus fincas los tubos de gas que del centro del valle se instalaran hasta Buenaventura.
Durante el 2015, 56 defensores y defensoras de derechos humanos del Valle del Cauca y Cauca fueron amenazados de muerte. Los casos están relacionados con la defensa del territorio y la denuncia de las políticas del gobierno Colombiano a favor de grandes multinacionales y corporaciones que tienen licencias de exploración y explotación minero energéticas y contratos de infraestructura portuaria, vial y urbana.
Los intereses económicos de grandes sectores nacionales y extranjeros sobre el territorio Valle Caucano y la violación a las normas internas e internacionales de derechos humanos como la declaración universal que hoy cumple 67 años, el convenio 169 de la OIT, los Autos O4 y 05 de la Corte Constitucional, la violación a la Constitución Nacional, sumado a la presencia de los Grupos Paramilitares y/o Bandas Criminales en todo el departamento que continúan actuando en absoluta impunidad. En el Valle del Cauca no existen garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos por ello los defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones, pueblos y sectores nos vemos obligados emprender la ruta de la exigibilidad internacional y hacer uso de las herramientas que la declaración Universal y los pactos y convenios internacionales nos brindan.
Esta realidad nos exige, en medio del proceso de paz, estudiar los efectos psicosociales para buscar salidas e intentar sanar los daños causado por la violencia. Reconstruir el tejido social roto por la violencia y el despojo. En el Mundo las experiencias de paz han pasado de la reconstrucción de la memoria histórica a la verdad, y de la verdad a la aplicación de justicia. Sin embargo en Colombia pese a las reiteradas propuestas de superación de la Impunidad, por parte de las victimas aun no se vislumbra voluntad política para el juzgamiento de los responsables. Reparar el daño causado implica, entre otros aspectos:
- Garantías reales de no repetición, por medio de la aplicación de modelos de verdad, justicia y reparación integral.
- Retorno de seis millones de personas desplazadas forzadamente a sus lugares de origen
- Legislación a favor de las comunidades y no de las corporaciones y de los grandes gremios económicos.
- Una política ambiental de respeto a la biodiversidad
- Reforma agraria que implique una distribución equitativa de la tierra
- Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humano
- Especial protección y realización de los derechos humanos de las comunidades vulnerables
- Fortalecimiento de los espacios de participación comunitaria e inclusión de las demandas de la comunidad en la política publica.
- Consulta a las comunidades sobre los planes y proyectos municipales y departamental
- Respeto al derecho de reunirse y manifestarse ante las violaciones a los derechos fundamentales
- Brindar información suficiente y necesaria sobre los planes de gobierno local y departamental a nivel de derechos humanos.
- Obtener protección eficaz de las leyes nacionales e internacionales
Finalmente queremos expresar que el clamor nacional por la paz incluye mayor participación de los campesinos, indígenas, afro-descendientes, sindicalistas, estudiantes, sectores populares, victimas y familiares de las victimas y apertura de los diálogos con las otras guerrillas. El reto de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, continua siendo impulsar los ejercicios de participación e inclusión de las comunidades en medio de la persecución y la amenaza.
“…Debían ser como tres mil los muertos, ¡aquí no ha habido muertos!, seguro que fue un sueño… insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.
Gabriel García Márquez. Cien años de soledad.
ASOCIACIÓN NOMADESC, PALENQUE REGIONAL EL CONGAL-PCN , COMITE INTERORGANIZACIONAL DE
BUENAVENTURA , COMITÉ DE MUJERES CORTERAS DE LA CAÑA , SINTRAUNICOL-SUBDIRECTIVA
VALLE, FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS SECCIONAL VALLE DEL
CAUCA MOVICE-VALLE DEL CAUCA, CORPORACIÓN SUYANA, ASOCIACIÓN MUJERES Y HOMBRES DE
TRIANA, ASOAGROS, ASOCIACIÓN CAMPESINA EL ENCANTO, AFFAVIT, RED DE DERECHOS HUMANOS
FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES-RED FIC, JUVENTUD REBELDE VALLE, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS-FEU, COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA-CCVC, ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES CAMPESINOS DEL VALLE DEL CAUCA-ASTRACAVA, PROCESO DE UNIDAD POPULAR
DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO-PUPSOC. CONGRESO DE LOS PUEBLOS
[5] Poblaciones desplazadas por la violencia y/o vulnerables por su condición económica, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con problemas de drogadicción y prostitución re-victimizados mediante desalojos efectuados por la fuerza que en general fueron victimas de los ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD[5]